La 'resolución contractual',es un efecto especial que se produce en los contratos bilaterales, es decir, donde las partes se han obligado recíprocamente, y que consiste en que frente al incumplimiento de una de las partes, nace para la otra el derecho de pedir que se deje sin efecto el contrato reparándosele los perjuicios sufridos.

Existe simulación contractual cuando voluntariamente, y con el fin de eludir a posibles acreedores o de evitar alguna de las obligaciones ligadas al verdadero contrato, un mismo negocio jurídico se ha convenido por los intervinientes mediante una duplicidad de contratos; uno de ellos aparente (contrato simulado) y otro no aparente (contrato disimulado), siendo este último el verdadero y, por ello el que debe prevalecer, aunque el negocio haya sido revestido con la apariencia del contrato formalizado sólo para enmascarar el verdadero negocio.La simulación es, en definitiva, la declaración de un contenido de voluntad no veraz, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con engaño, la apariencia de un negocio jurídico irreal, que no existe, o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.

thumb|El [[pago es la forma natural y normal de cumplir una obligación, siendo la más esperada de las consecuencias de la responsabilidad contractual.]]

Derecho.

Documento que recoge las cláusulas o bases generales en la subasta de una obra o servicio por la Administración. Se publica al convocar la subasta y debe respetarse por los participantes.

Se denomina pliego de condiciones a un documento contractual, de carácter exhaustivo y obligatorio en el cual se establecen las condiciones o cláusulas que se aceptan en un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa, una subasta, etc.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de España es un órgano administrativo independiente, cuyos miembros gozan de inamovilidad e independencia, integrado en la Administración General del Estado a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que fue creado por la Ley 34/2010 de 5 de agosto, que modificó las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para adaptarla a la regulación europea, y que resuelve los recursos administrativos que interpongan los particulares contra los actos de las entidades públicas dentro de los procesos de adjudicación de los contratos del sector público.